Una Constitución para Nuestro Pueblo. 18 de Diciembre de 1991

Carta Pastoral

Una Constitución para Nuestro Pueblo

I. Introducción
1- Los Obispos del Paraguay nos dirigimos a todos los fieles y a los
hombres y mujeres de buena voluntad, en este momento de
preocupado interés por la reforma de la Constitución Nacional.
Queremos prestar un servicio ofreciendo nuestro aporte para la mejor
consecución de un objetivo que es común a todos: una nueva Carta
Magna que sea cauce jurídico adecuado para la convivencia fraterna y justa que anhelamos.

Entendemos que será indispensable, para lograrlo, tener muy presente
el conjunto de necesidades reales y de legítimas aspiraciones de
nuestro pueblo. Por eso, hoy, dirigimos esta Carta Pastoral a todos
los habitantes del país y, oportunamente, dirigiremos un mensaje a
los convencionales constituyentes.

2- Comenzamos señalando la gravísima responsabilidad del momento.
Elaborar el ordenamiento jurídico fundamental de la vida nacional
que ignora las necesidades y aspiraciones de la comunidad, o que
toma en consideración aspectos parciales o interesados de la realidad,
es despojar de solidez el mismo cimiento del edificio que se pretende
construir. Se impone una serena mirada a la realidad del país, una
compresiva y respetuosa consideración de sus dificultades y
problemas, una atención especial a los grupos (pensamos en los
indígenas, los campesinos y los obreros, en los minusválidos y en los
impedidos) y personas más débiles.

Todo ello es condición indispensable para que podamos hablar de
una Constitución para nuestro pueblo.

3- Juzgamos que la nueva Ley Fundamental no puede omitir, como
criterio inspirador, el respeto y la promoción de la dignidad de la
persona humana que habita esta tierra. No puede, tampoco, dejar de
lado la realidad de la sociedad paraguaya. Queremos recordar que
ese hombre y esa sociedad tienen un conjunto de valores, tradiciones,
modos de comportamiento y de relacionamiento que llamamos
?cultura?. El gran objetivo de la nueva Constitución debe ser el bien
común. Por ello debe tener un fuerte contenido social en consonancia
con la inspiración humanista y cristiana del pueblo. El Concilio
Vaticano II decía que "el bien común abarca todas las condiciones
de la vida social que permiten al hombre, a la familia y a la
sociedad conseguir más perfecta y rápidamente su propia
perfección" (Gaudiun et Spes, 74).

II. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA CONVIVENCIA
4- En su reciente Encíclica "Centesimus Annus (C.A.)", el Papa
Juan Pablo II dice que luego de la caída del totalitarismo comunista y
de otros muchos regímenes totalitarios de izquierda y de derecha,
asistimos al predominio del ideal democrático junto con una viva
preocupación por los derechos humanos. Y añade: "?precisamente
por esto, es necesario que los pueblos que están reformado sus
ordenamientos den a la democracia un auténtico y sólido
fundamento". (C.A., 47). Con razón se dice que el bienestar de los
pueblos depende en gran parte de la sabiduría y prudencia con que se
ha elaborado su Carta Magna. Queremos aportar a esa labor, con la
experiencia de nuestra condición de Pastores, elementos que juzgamos
fundamentales para el debido ordenamiento de la convivencia
nacional. Al hacerlo pensamos facilitar un ordenamiento
fundamentado no en ideologías individualistas, sino más bien en
aquellos principios humanistas, comunitarios y cristianos.

5- Es indiscutible el anhelo generalizado de nuestro pueblo de
superar el subdesarrollo en que se encuentra. Las condiciones de orden
político, educativo, económico, sanitario, hablan de un nivel
deprimido y deteriorado. Por ello, tiene capital importancia que el
ordenamiento jurídico asuma el reto de la promoción social y la
búsqueda de soluciones siempre con una dimensión comunitaria. La
Iglesia apoya siempre las demandas de justicia social. Y consideramos
que sería doloroso no ver legitimada en el nuevo texto constitucional
esta demanda, que no debe dejar de puntualizar la salud, la educación,
la vivienda, las fuentes de trabajo y la debida retribución del mismo,
la extensión de los servicios públicos a la población de todo el país,
entre otros urgentes requerimientos.

6- Esta reflexión nos lleva a otra ya consignada por la Iglesia en
ocasión de la anterior reforma constitucional. Se trata de la necesidad
de una cierta descentralización, a partir del reconocimiento de la
autonomía regional y municipal, en una medida que supere lo
simplemente administrativo. Un centralismo excesivo, derivado de
la rígida organización unitaria del país, ha generado situaciones
injustas y suscita un evidente malestar. Muchos se preguntan qué
justificación tiene esta centralización absorbente en todos los órdenes.

A este propósito estimamos que es necesario poner en vigencia el
principio de la subsidiaridad. El Papa Juan Pablo II tiene un párrafo
que transcribimos por considerarlo de gran valor: "Una estructura
social de orden superior no debe interferir en la vida interna de
un grupo social de orden inferior, privándola de sus competencias,
sino más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a
coordinar su acción con la de los demás componentes sociales,
con miras al bien común"  (C.A. 48). Si el Estado reconociera y
aplicara este principio, se ganaría un sano equilibrio y una convivencia más justa.

7- Aunque reconocemos nuestra limitada competencia en el orden
jurídico y político, somos conscientes de la importancia de ciertos
valores que deben ser tenidos en cuenta e incorporados al nuevo
ordenamiento constitucional. Así, creemos que los Poderes del Estado
deben ser autónomos e independientes. El país todo ha sufrido
gravemente por las extensas atribuciones concentradas en el Poder
Ejecutivo. Tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo perdieron
autoridad e independencia. La perversión y abuso de poder de parte
del Ejecutivo fue una dolorosa experiencia. Por todo ello, juzgamos
indispensable el control social e institucional de las funciones del Poder Ejecutivo.

Particularmente sensible es el pueblo ante el Poder Judicial en una
democracia. El peligro de la impunidad afecta a toda la vida de la
comunidad. La garantía que significa un Poder Judicial respetado y
responsable hará posible una convivencia tranquila y pacífica.
Queremos anotar el principio de la responsabilidad política y la
instauración de una instancia suprema capaz de declarar la
inconstitucionalidad de los actos del Ejecutivo, el principio de la
responsabilidad del Estado por los actos de sus funcionarios, como
elementos que deben ser tenidos en cuenta.

8- En momento tan importante de la vida nacional, no podemos
dejar de hablar del saneamiento moral de las personas y de las
instituciones. Ya nadie discute la gravedad que tiene la corrupción
pública y privada. El nuevo ordenamiento jurídico no puede ignorar
este alarmante deterioro y debe asumir el compromiso de devolver a
los principios éticos y morales la preeminencia que nunca debieron
perder. La Iglesia no se cansa de repetir que todos somos responsables.

Pero si a todos alcanza la culpa, es evidente que tienen mayor
responsabilidad quienes ejercen funciones de servicio a la comunidad.
La Constitución debe recoger esta prioridad.

9- La recuperada dignidad ciudadana y el renovado horizonte moral
de la sociedad paraguaya facilitarán la promoción de otra urgencia:
la integración efectiva del país, tanto en el orden interno como en el
campo internacional. El Paraguay necesita afirmar su identidad y hacer
efectiva una auténtica integración a partir de la condición pluricultural
y multiétnica del país. Una vez más señalamos que las comunidades
indígenas merecen respeto y consideración.

Y en este punto no podemos olvidar la situación de numerosos
migrados compatriotas. Es ésta una realidad que sugiere, a nuestro
entender, que se hable de una política capaz de evitar el éxodo, por
un lado, y de promover el retorno a la patria, por el otro. Finalmente
digamos, en orden a la integración internacional, que esta es condición
necesaria para el progreso y responde a los ideales comunitarios caros
a la Iglesia. Para que este principio no quede en simple expresión de
ideales, será necesario indicar los cauces de aplicación del mismo.

10- Juzgamos que la nueva Constitución debe consignar principios
fundamentales ante cuestiones que están en el interés y preocupación
de todos: el problema de la tierra, de la Reforma Agraria y de la
propiedad privada. No se puede considerar la tierra sólo como medio
de producción, sino es necesario entenderla como espacio habitable,
lugar de trabajo y convivencia. Urge una reforma agraria integral.

Entre los diversos elementos que deben tenerse en cuenta para dicha
reforma, conviene que, con audiencia, se emprendan diversos modelos
de colonización para encontrar soluciones a problemas acuciantes.

No se puede afirmar simplemente el principio de la propiedad privada
sin mencionar la función social que la misma tiene. Es necesario que
se planteen con audacia nuevas formas comunitarias de propiedad,
como las que fueron incorporadas a nuestra legislación a propósito
de las comunidades indígenas, aunque las barreras ideológicas y la
burocracia administrativa hayan impedido en gran medida la
efectivización de esta norma legal. Las soluciones a los problemas
no llegarán, ciertamente, como resultado de posturas egoístas y
mezquinas, insensibles a los reales problemas humanos y solo
orientadas a la producción de bienes materiales en provecho propio.

Bien sabemos que la Constitución no debe llegar más allá de principios
rectores. Pero sabemos que estos puntos afectan tan hondamente la
vida del pueblo que no pueden ser ignorados en el nuevo ordenamiento jurídico.

11- Un elemento que actualmente tiene creciente importancia es el
ecológico. También en nuestro país el extendido deterioro ambiental
causa viva preocupación y hace pensar en el futuro de esta tierra. La
avidez y el egoísmo, individual y colectivo, son contrarios al orden
de la creación. Y en dicho desorden está la causa de la crisis ecológica
que tan seriamente afecta a nuestro pueblo. El respeto a la vida y a la
dignidad de la persona humana es la norma fundamental inspiradora
de un sano progreso. No puede ser ignorado el sentido de la integridad
de la creación. Si la tierra es herencia común cuyos frutos deben
beneficiar a todos los hombres, es necesario preservar el orden de la
creación. Creemos necesario que la nueva Ley Fundamental señale
claramente la responsabilidad de respetar el derecho a un ambiente
seguro y la obligación de evitar la destrucción de la naturaleza.

12- Es conocida suficientemente la opción de la Iglesia por la familia.
Para la Patria y para la misma Iglesia, el matrimonio estable y la
familia unida constituyen puntos de vital importancia. Por eso mismo
juzgamos que la nueva Constitución debe apoyar resueltamente esta
sociedad básica y fundamental. Seguimos en deuda con la familia
paraguaya, que en medio de tantos y graves problemas ha hecho y
hace esfuerzos sobrehumanos para dar al país hijos trabajadores sanos
de espíritu y con la educación que está a su alcance. Seguimos en
deuda con la primera y más importante escuela y taller que tiene la
patria. Ojalá que la nueva Constitución salde esa deuda y afirme los
derechos de la familia. "El Estado debe proteger la familia, con
medidas de carácter político, económico, social y jurídico, que
contribuyan a consolidar la unidad y la estabilidad de la familia
para que pueda cumplir su función  específica"  (Carta de los
Derechos de la Familia, Pream. I).

13- Hay un general anhelo a fin de superar la injusta discriminación
que todavía sufre la mujer. Este es el momento de reiterar el
pensamiento de la Iglesia, que valora la dignidad que tiene y destaca
la función, insustituible, en la familia y en la sociedad. Por ello
juzgamos que se impone la igualdad de derechos y oportunidades
con el hombre, de acuerdo a su dignidad y peculiaridad, pues mantener
limitaciones privilegiadas y exclusiones injustas no admiten
justificación racional. Valoramos y apreciamos el anhelo de la mujer
por su promoción e incorporación en todos los ámbitos de la
construcción de la sociedad.

14- Un pueblo joven y de jóvenes, como el nuestro, tiene particular
preocupación por el problema de la educación. Hay algo que concita
unánime adhesión: urge la reforma educativa. Pero, sobre este asunto,
queremos expresar nuestra constatación primera: se habla poco de la
libertad de enseñanza y, por el contrario, no pocos mantienen el injusto
monopolio de la educación por parte del Estado. Esto es olvidar el
derecho de los padres en la educación de sus hijos y es también
desconocer las grandes limitaciones de la educación estatal. Este es
el momento de incorporar a la Constitución Nacional este derecho a la
libertad integral de enseñanza, como en otros países ya se hizo. Pero
también debe favorecer el nuevo texto todos los medios necesarios para
una verdadera reforma en función de la promoción del hombre y de la
superación del subdesarrollo, fomentando una educación personalizante,
crítica y con dimensión espiritual. Nos permitimos recordar que los
Obispos del Paraguay hemos publicado, no hace mucho, una Carta
Pastoral dedicada a este grave problema. Nos remitimos a cuanto en
dicho documento hemos escrito sobre la educación paraguaya.

15- Hemos querido consignar cuanto antecede como elementos
fundamentales de la convivencia. Desde luego, hay otros aspectos
importantes y otras aspiraciones del pueblo. Pero si no todo está
mencionado, al menos quede claro el vivo interés por ver incorporado
a la Constitución el conjunto de elementos propuestos que concitan,
así lo creemos, el apoyo de la ciudadanía.

III.  LA IGLESIA EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN
16- Desde que en 1537 se levantara por primera vez la cruz y se
predicara el Evangelio en este suelo guaraní, la Iglesia acompañó la
vida del hombre paraguayo. Más aún, fue la Iglesia la que mayor
influencia tuvo en la conformación de la comunidad nacional. Su
labor no fue sólo espiritual, sino también educativa y civilizadora.
Siempre la Iglesia buscó identificarse con el pueblo, aunque no
siempre lo ha conseguido y debemos lamentar errores y defectos en
su accionar. Los misioneros abrieron caminos, fundaron pueblos,
levantaron templos y escuelas, labraron la tierra y compartieron el
trabajo duro y sacrificado del campo. Cuando el sol de la
independencia brilló en esta tierra, ahí estaba la Iglesia participando
eficazmente en la gestación del nuevo país bendiciéndolo. A lo largo
de la vida independiente, los gozos y las penas del pueblo paraguayo
han sido y son los de la Iglesia. Y hoy podemos decir que la Iglesia
ha prestado servicios muy valiosos al país y sigue prestándolos. De
su acción continuada en esta tierra, muchos beneficios ha obtenido y obtiene la patria.

17- Pero no se trata de una visión triunfalista de la historia o de algo
que recordamos con vanidad ligera. A la hora de tratar el estatuto de
la Iglesia en el nuevo ordenamiento jurídico de la nación, no puede
ser olvidado el hecho católico en la historia del Paraguay. Las raíces
cristianas del hombre paraguayo, la inspiración y el criterio cristianos
de nuestra sociedad o comunidad nacional son datos que no pueden
ser ignorados ni marginados. Pero lo afirmamos no para justificar
demandas ni reclamar honores. Juzgamos que esta presencia, larga y
solidaria, de la Iglesia en la vida nacional, confirma su naturaleza de
comunidad testimonial y servicial. Esta condición y esta misión son
los elementos básicos para abordar el tema.

18- El Concilio Vaticano II ubicó con claridad el relacionamiento
Iglesia-Estado a partir de la autonomía y respeto mutuo de ambas
sociedades. De ahí que parezca muy puesto en razón marcar que las
relaciones que mencionamos deben colocarse bajo el signo de la buena
voluntad y colaboración recíproca. La "Constitución sobre la Iglesia
en el mundo actual (G.S.)", en el número 76, desarrolla este tema
ampliamente. Será bueno tener en cuenta la enseñanza y la experiencia
de la Iglesia en la materia. Tanto el Estado como la Iglesia cumplirán
mejor su papel si mantienen su independencia y buscan entre sí una
sana colaboración. Así lo atestigua la historia.

19- A la luz de estos hechos y principios afirmamos que la Iglesia
espera de la nueva Constitución su reconocimiento como sociedad
religiosa de derecho público y el espacio de libertad que le es debido
para el cumplimiento de su misión. Entiende indispensable que se
respete su capacidad de organizar su propia vida sin la injerencia del
poder civil. Este respeto comprende su autonomía interna; su libertad
de acción y de organización en orden a la promoción humana y a la
labor asistencial, igualmente en su labor pastoral, que abarca desde
el culto, la libertad de enseñanza y el testimonio de la fe, hasta el
derecho de enjuiciar y de proclamar públicamente las exigencias de
la moral y de la religión con respecto a los asuntos temporales.

20- Muchos se preguntan si se justifica o no la unión de la Iglesia
con el Estado y, en consecuencia, qué pensar de la religión oficial.
Quede claro que para la Iglesia estas cuestiones, aunque respetables,
carecen de importancia fundamental. A la Iglesia le interesa más el
bien común, la justicia, la verdad, la concordia, la reconciliación y el
espíritu fraterno. Pone su confianza en la fuerza del Evangelio, en el
valor de la verdad, en el servicio de la caridad y en el testimonio de
sus miembros. Si en otros tiempos este pueblo se identificaba
totalmente con la religión católica, pudo ser lógico que se hablara de
una religión oficial. Hoy el pluralismo caracteriza mejor la sociedad
civil y no parece justificada una Iglesia unida al Estado y que, por
eso, ofrece imagen de algo impuesto por la fuerza a la gente. La Iglesia
no quiere confundir al pueblo ni confundirse con el Estado. Quiere
guardar su identidad y procura ofrecer una imagen que sea testimonio
de la misión que Cristo le encomendó y que desea cumplir de la mejor
manera posible. No juzga que sea necesaria una separación violenta
ni traumatizante. Si la Ley Fundamental de la República consigna la
aconfesionalidad del Estado por juzgarla más adecuada a la realidad
actual, la Iglesia no ve en ello un problema capital. En cuanto a los
asuntos de interés común entre la Iglesia y el Estado, bien pueden ser
tratados en base a convenios o acuerdos bilaterales. Así se cumple el
principio de mutuo respeto y colaboración que anhelamos vivamente.

21- La Iglesia, en consecuencia, no pretende sino un trato justo y
adecuado a su condición. Y afirma, con el Concilio Vaticano II, que
"?la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa? que
se funda en la misma dignidad de la persona humana?"
(Declaración sobre la Libertad Religiosa N? 2). Todos los hombres
deben ser respetados en tal materia. La libertad de conciencia y de
culto deben ser mencionadas en el ordenamiento jurídico. Así lo pide
la fundamental preocupación por ver debidamente tutelados los
derechos que la dignidad de la persona humana exige.

IV-  APLICACIÓN DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN
22- Antes de cerrar estas reflexiones juzgamos necesario añadir
algunas consideraciones sobre la puesta en vigencia de la nueva
Constitución. Un nuevo ordenamiento jurídico fundamental supone,
evidentemente, una profunda conversión de personas y una verdadera
reforma de estructuras. Es cierto que necesitamos leyes mejor
elaboradas. Pera también es cierto que somos los hombres y mujeres
quienes las pondremos en vigencia y las aplicaremos o no. Es
indispensable la renovación personal y comunitaria que haga posible
la promoción del bien común. De ahí también el llamado a una efectiva
reforma de estructuras, hecha con imaginación, audacia y buen
sentido. Y, por encima de todo, supone un criterio inspirador y
orientador que respete el protagonismo del pueblo y ofrezca
continuada participación y responsabilidad del mismo en la
construcción de un Paraguay mejor.

23- Vendrá el urgente y gran empeño por elaborar una legislación
que ponga en acción los principio constitucionales, lo mismo que las
reglamentaciones que faciliten la efectiva vigencia de la nueva Ley
Fundamental. El funcionamiento sanamente equilibrado de los
Poderes del Estado, en un clima moral de honestidad y espíritu de
servicio, permitirá la convivencia civilizada y fraterna.

V-  CONCLUSIÓN
24- Reiteramos el anhelo y augurio de la Iglesia de una Constitución
que sea respuesta a las necesidades y esperanzas del pueblo.
Exhortamos a la consciente, madura y libre participación de todos
los hombres y las mujeres.

Felicitamos y alentamos los estudios, las reuniones e iniciativas que
preparan la próxima Convención Constituyente. Recomendamos
sensatez en la elección de los convencionales el próximo 1 de
diciembre. Como creyentes, rezamos y seguiremos rezando por la
asistencia divina a cuantos tendrán la pesada responsabilidad de dar
a la patria una nueva Constitución. Evocamos el ejemplo de San Roque
González de Santacruz y pedimos a la Santísima Virgen su protección.
Con efecto, bendecimos a todos.

Asunción, 18 de Diciembre de 1991
Por mandato de la 127? Asamblea Plenaria

+ Celso Yegros Estigarribia
Obispo de Carapeguá y Secretario General de la CEP