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Documentos \ Publicaciones Mensaje a los Convencionales Constituyentes. 30 de Diciembre de 1991
Mensaje a los Convencionales Constituyentes
Señoras y Señores Convencionales:
1. La decisión popular ha puesto en manos de ustedes la resposabilidad
de elaborar y aprobar una nueva Constitución.
Los Obispos del Paraguay les saludamos con particular consideración
y respeto y les hacemos llegar este Mensaje.
Se les ha confiado una responsabilidad verdaderamente histórica.
Generaciones enteras de paraguayos desearon ver este momento, en
que con libertad se procura una forma de convivencia más justa para
todos, y no alcanzaron a verlo. Es una oportunidad única. Exigirá
clarividencia y sacrificios generosos. La Convención que ustedes
forman tiene una representación pluralista, pero, al mismo tiempo,
una mayoría abrumadora de un solo partido. Este circunstancia hacer
ver, con claridad aún mayor, la necesidad de actuar con mucha
voluntad para buscar el bien común y una valiente conciencia personal.
2. La Iglesia ha acompañado lealmente el crecimiento de este pueblo
durante siglos de dolorosas vicisitudes. Ha tratado de comunicar una
esperanza superior de vida a este pueblo en sus horas difíciles. En
este momento histórico, los Obispos nos permitimos formular estas
consideraciones. También porque ustedes, Convencionales
Constituyentes, son hijas e hijos cristianos de este pueblo. Si son
responsables ante él, no olviden que también lo son ante el Dios de
Nuestro Señor Jesucristo, camino, verdad y vida de la historia que nos toca recorrer.
Hemos dado nuestra colaboración, en la etapa anterior a las elecciones,
con la Carta Pastoral "Una Constitución para nuestro pueblo" y con
la Declaración que hemos firmado conjuntamente con otras Iglesias
Cristianas. En este momento reiteramos esas posiciones que
consideramos esenciales para la consciencia cristiana. La calificamos
de elementos fundamentales de la convivencia y no juzgamos
impertinente recordar tales elementos. Particularmente subrayamos
que el eje central de todo el trabajo constitucional es el bien común,
común a todos y a cada uno de los habitantes, visto en la óptica de
nuestra propia cultura, así como la promoción de todos los estamentos
sociales en libertad y responsabilidad solidaria.
Juzgamos que este debe ser el criterio central con el que se medirá la
pertinencia de toda institución y norma que establezca la nueva Constitución.
3. No pretendemos ahora reiterar todos los puntos citados como
asuntos fundamentales. Pero al menos queremos mencionar el respeto
a los derechos personales y sociales, el equilibrio de poderes, el respeto
a la cultura propia y a la naturaleza, la atención a los indígenas y
campesinos, como puntos que no podemos dejar de subrayar.
Deseamos insistir en algunos puntos específicos que merecen especial
atención a causa de las exigencias actuales.
4. Proyectar el progreso institucional de un país en vías de desarrollo,
como el nuestro, exige corregir desequilibrios que durante años han
cristalizado en estructuras injustas o equivocadas. Implica también
asumir con valor y decisión otras prioridades. Sin duda, pueden
mencionarse factores internacionales que han influido para prolongar
nuestro subdesarrollo. Pero es un hecho que la inmensa mayoría de
nuestro pueblo no ha alcanzado todavía un nivel de vida digno, y que
ese hecho es debido a ideologías, sistemas, leyes y comportamientos
que nos hemos dado a nosotros mismos en nuestra historia. En
consecuencia, si deseamos hoy el desarrollo global de nuestro país,
la principal preocupación de la Convención debe ser el gran factor
pobre de la población. La legislación deberá tener a la vista la
ascensión social, cultural, económica y política de esa mayoría. Esta
parece una conclusión evidente y obvia. Sin embargo, en el debate
previo a las elecciones hemos comprobado que buena parte de nuestros
dirigentes piensa todavía en términos de Asunción, de intereses
determinados, de ajuste técnico y político del aparato estatal, de vagas
fórmulas ideológicas y abstractas. No vemos con claridad una posición
central y vigorosa para la promoción de sectores postergados. Aún a
riesgo de ser acusados de populista, enfáticamente afirmamos que
dicha promoción será una realidad si la nueva Constitución parte del
reconocimiento de la situación actual de esa mayoría y si logra
asegurar mecanismos de participación seria y eficaz de la misma.
5. Estamos seguros que la lucha contra el subsedarrollo implica
numerosos factores. Hay uno que es fundamental pues condiciona la
eficacia de todos los demás: la educación. La educación nacional no
ha sido ni promotora ni liberadora. No han dado la posibilidad de que
el pueblo se haga cargo de ella como él lo entiende y necesita,
desarrollando sus potencialidades propias.
En nuestra opinión es indispensable que se sancione el principio de
la libertad de enseñanza. Ese es el camino por el que se podrá llegar
a corregir, poco a poco, esta grave anomalía, reservando al Estado y
a los Municipios sólo la asistencia técnica y material para su desarrollo.
6. Otro elemento fundamental para apoyar el crecimiento institucional
del país es el ordenamiento de la economía, en sus grandes líneas de
principios. Coincidimos en esto con las preocupaciones de diversos
estamentos sociales. Los Obispos creemos en las posibilidades
creativas de la libertad de iniciativa económica, como lo afirma con
claridad el Papa Juan Pablo II en su Encíclica "Sollicitudo Rei
Socialis". Pero nos inquieta la extendida y reiterada afirmación de
que la economía de mercado es único y excluyente sistema que puede
asegurar progreso para todos. La Iglesia no es contraria a la
privatización de las iniciativas económicas del Estado, pero considera
que no puede ser erigida en norma absoluta. En efecto, si el Estado
capitalista-propietario-empresario ha sido, en general, un fracaso,
sobre todo cuando ha pretendido suplantar a la sociedad fuera de
situaciones excepcionales de emergencia; y si la libre iniciativa
económica parece haber dado mayores y mejores posibilidades de
crecimiento cuando da sido racionalmente encauzada, con sentido
social; también es verdad, como lo prueba la expeciencia, que a
economía de mercado, en la medida en que es erigida en norma
absoluta, lleva a abusos incontrolables y al bloqueo de la justicia
social en el proceso de articulación de un país en vías de desarrollo.
A pesar de las justificaciones ideológicas y técnicas que se difunden
ampliamente en nuestro medio, las grandes masas empobrecidas no
estarán nunca en condiciones de salir de su postración económica
por el solo automatismo de las leyes de mercado -manejadas en los
hechos por poderosos intereses- si este sistema no es corregido
oportunamente por medidas jurídicas y políticas. Es este un tema de
particular gravedad que, estamos seguros, ustedes considerarán con
extremo realismo, pues envuelve también los problemas centrales de
la propiedad y sobre todo, del trabajo, que hacen a la vida misma, y
no solo a la capacidad económica de los hombres y de las mujeres de esta tierra.
Queremos mencionar a este propósito, la última Encíclica de Juan
Pablo II, a propósito del centenario de la "Rerum Novarum". El
ordenamiento de la economía para el hombre es una exigencia de la
dignidad de la persona humana. Por eso, dice Juan Pablo II: "Que el
hombre es el camino de la Iglesia".
De ese camino no se apartara y el amor por el hombre, en primer
lugar por el pobre, se concreta en la promoción de la justicia.
7. Dentro de este misma perspectiva, resulta imposible soslayar hoy
la cuestión de la reforma agraria. Cuestión social, sin duda, para la
cual se deben sentar los criterios principales que la han de guiar. Es
cierto que la reforma se debe programar a partir de serios y complejos
estudios que no corresponden a la Convención Constituyente. Pero
esta Convención debe evitar que esta materia pueda ser, una vez más,
postergada o tergiversada por medidas impropias de regímenes de
turno. Y los Obispos nos preguntamos si una Asamblea como esa
puede dejar sin corrección el escándaloso tráfico de las tierras
perpetrado por el Estado mismo en las pasadas décadas, que ha llevado
a la injutificable y dolorosa situación que toca vivir a tantos
compatriotas, y que todavía espera una reparación que hasta ahora
no se ha podido o no se ha querido afrontar.
8. En el ordenamiento de la estructura del Estado es prioritario asegurar
la independencia real del Poder Judicial. La falta de esta independencia
- no sólo política sino integral - ha sido en nuestra historia un vicio
capital. Causa consternación recordarlo. Y es humillante recordar que
fue causa de menosprecio de los derechos humanos de, sobre todo,
los pobres y los débiles. A los Obispos nos preocupa que esta materia,
que tantas declaraciones suscita, llega a la Convención con
ambig?edades y reticencias que ponen en peligro las exigencias y la
credibilidad de la justicia. Todos ustedes, hijas e hijos de un pueblo
que ha sufrido tantas penurias y tantos desalientos, tienen la
oportunidad de dar tranquilidad a todos con reformas decisivas.
9. Antes de concluir, ofrecemos estas reflexiones: si la Convención
está llamada a poner las bases jurídicas para organizar el bien común,
ella debe tener siempre presente que el primer objetivo es el
crecimiento, la maduración de la sociedad. Una sociedad de personas
libres y solidarias, que han de moverse por propio impulso, y con
capacidad creciente en todos los niveles.
Por consiguiente, el primer objetivo no es el perfeccionamiento del
Estado. Este no es sino un instrumento necesario e irreemplazable,
pero sólo un medio para que crezca la auto-determinación de la
sociedad. Corresponderá a la Convención diseñar un Estado que no
sea, como tantas veces ha ocurrido en nuestra historia, un obstáculo
para el progreso de la sociedad en su conjunto. Pero no podemos
olvidar que el Estado, en un país en vías de desarrollo como el nuestro,
tiene y debe tener facultades mayores de promoción, en beneficio de
las grandes mayorías pobres que no están en condiciones de asumir
su propio desarrollo y necesitan ser puestas en igualdad de
oportunidades para tener iniciativas propias. La sociedad debe
autodeterminarse; para ello necesita bases sólidas. Y repetimos, en
este punto, cuanto hemos dicho en anteriores documentos: las
llamadas organizaciones intermedias conforman en la medida que
son libres y tienen sentido de bien común, una sociedad orgánica. De
lo contrario esta se masifica en las maniobras de un populismo estéril.
10. Pero la sociedad no subsistiría con vitalidad ascendente para
sostener su organicidad sin una familia estable y fuerte en valores
superiores de autoconciencia humana y de trascendencia.
Los Obispos estimamos, por eso, que sin un instituto familiar
sólidamente enraizado en valores que se desprenden de la propia
naturaleza humana, no hay un progreso seguro de la vitalidad social.
Esperamos que la Convención tenga conciencia viva de esta realidad
y sepa sancionar, como prioritaria, una clara normativa de defensa y
promoción de la familia que está llamada a generar y educar nuevas vidas.
11. La sociedad habrá de crecer por un impulso interno propio. Ello
será posible si está impregnada de un espíritu de justicia y de
solidaridad. Pero este espíritu no lo crea el Estado ni el derecho
positivo, aunque pueden conculcarlo o favorecerlo según la
clarividencia de los hombres públicos y la sintonía que ellos son
capaces de tener con los valores positivos de las tradiciones patrias.
Indudablemente el amor es el que introduce con energía la animación
y el fortalecimiento de la justicia y de la solidaridad.
En nuestro país es el espíritu cristiano que ha fecundado
profundamente la sociedad paraguaya desde propios orígenes, el que
alimentó y sostuvo esos valores positivos, aún con las limitaciones y
los altibajos que pudo tener el proceso de evangelización. Es esta
una realidad que la Convención que ustedes componen no puede
ignorar. Dentro de un leal contexto de libertad de conciencia y de
culto, la nueva constitución debe apreciar, respetar y defender esa
realidad. No será, ciertamente, el desmedro de la fe y la religiosidad
del pueblo que traerá un más seguro y esforzado espíritu de justicia y
solidaridad. Al contrario, un afincamiento cada vez mayor y más
comunitario en el espíritu de Cristo Redentor, que nos hace a todos
hijos de un mismo Padre, iguales en destino y en dignidad, es garantía
de sólida convivencia en libertad y respeto.
Señoras y señores Convencionales: imploramos sobre todos ustedes
y sobre la alta y grave responsabilidad que les incumbe,la bendición
de este Dios que es fuente de toda verdad y de toda justicia, por la
intercesión de la Virgen de Caacupé, Madre del pueblo paraguayo.
Asunción, 30 de diciembre de 1991
Por mandato de la 128a. Asamblea Plenaria
+ Celso Yegros Estigarribia
Obispo de Carapeguá
Secretario General de la CEP
Señoras y Señores Convencionales:
1. La decisión popular ha puesto en manos de ustedes la resposabilidad
de elaborar y aprobar una nueva Constitución.
Los Obispos del Paraguay les saludamos con particular consideración
y respeto y les hacemos llegar este Mensaje.
Se les ha confiado una responsabilidad verdaderamente histórica.
Generaciones enteras de paraguayos desearon ver este momento, en
que con libertad se procura una forma de convivencia más justa para
todos, y no alcanzaron a verlo. Es una oportunidad única. Exigirá
clarividencia y sacrificios generosos. La Convención que ustedes
forman tiene una representación pluralista, pero, al mismo tiempo,
una mayoría abrumadora de un solo partido. Este circunstancia hacer
ver, con claridad aún mayor, la necesidad de actuar con mucha
voluntad para buscar el bien común y una valiente conciencia personal.
2. La Iglesia ha acompañado lealmente el crecimiento de este pueblo
durante siglos de dolorosas vicisitudes. Ha tratado de comunicar una
esperanza superior de vida a este pueblo en sus horas difíciles. En
este momento histórico, los Obispos nos permitimos formular estas
consideraciones. También porque ustedes, Convencionales
Constituyentes, son hijas e hijos cristianos de este pueblo. Si son
responsables ante él, no olviden que también lo son ante el Dios de
Nuestro Señor Jesucristo, camino, verdad y vida de la historia que nos toca recorrer.
Hemos dado nuestra colaboración, en la etapa anterior a las elecciones,
con la Carta Pastoral "Una Constitución para nuestro pueblo" y con
la Declaración que hemos firmado conjuntamente con otras Iglesias
Cristianas. En este momento reiteramos esas posiciones que
consideramos esenciales para la consciencia cristiana. La calificamos
de elementos fundamentales de la convivencia y no juzgamos
impertinente recordar tales elementos. Particularmente subrayamos
que el eje central de todo el trabajo constitucional es el bien común,
común a todos y a cada uno de los habitantes, visto en la óptica de
nuestra propia cultura, así como la promoción de todos los estamentos
sociales en libertad y responsabilidad solidaria.
Juzgamos que este debe ser el criterio central con el que se medirá la
pertinencia de toda institución y norma que establezca la nueva Constitución.
3. No pretendemos ahora reiterar todos los puntos citados como
asuntos fundamentales. Pero al menos queremos mencionar el respeto
a los derechos personales y sociales, el equilibrio de poderes, el respeto
a la cultura propia y a la naturaleza, la atención a los indígenas y
campesinos, como puntos que no podemos dejar de subrayar.
Deseamos insistir en algunos puntos específicos que merecen especial
atención a causa de las exigencias actuales.
4. Proyectar el progreso institucional de un país en vías de desarrollo,
como el nuestro, exige corregir desequilibrios que durante años han
cristalizado en estructuras injustas o equivocadas. Implica también
asumir con valor y decisión otras prioridades. Sin duda, pueden
mencionarse factores internacionales que han influido para prolongar
nuestro subdesarrollo. Pero es un hecho que la inmensa mayoría de
nuestro pueblo no ha alcanzado todavía un nivel de vida digno, y que
ese hecho es debido a ideologías, sistemas, leyes y comportamientos
que nos hemos dado a nosotros mismos en nuestra historia. En
consecuencia, si deseamos hoy el desarrollo global de nuestro país,
la principal preocupación de la Convención debe ser el gran factor
pobre de la población. La legislación deberá tener a la vista la
ascensión social, cultural, económica y política de esa mayoría. Esta
parece una conclusión evidente y obvia. Sin embargo, en el debate
previo a las elecciones hemos comprobado que buena parte de nuestros
dirigentes piensa todavía en términos de Asunción, de intereses
determinados, de ajuste técnico y político del aparato estatal, de vagas
fórmulas ideológicas y abstractas. No vemos con claridad una posición
central y vigorosa para la promoción de sectores postergados. Aún a
riesgo de ser acusados de populista, enfáticamente afirmamos que
dicha promoción será una realidad si la nueva Constitución parte del
reconocimiento de la situación actual de esa mayoría y si logra
asegurar mecanismos de participación seria y eficaz de la misma.
5. Estamos seguros que la lucha contra el subsedarrollo implica
numerosos factores. Hay uno que es fundamental pues condiciona la
eficacia de todos los demás: la educación. La educación nacional no
ha sido ni promotora ni liberadora. No han dado la posibilidad de que
el pueblo se haga cargo de ella como él lo entiende y necesita,
desarrollando sus potencialidades propias.
En nuestra opinión es indispensable que se sancione el principio de
la libertad de enseñanza. Ese es el camino por el que se podrá llegar
a corregir, poco a poco, esta grave anomalía, reservando al Estado y
a los Municipios sólo la asistencia técnica y material para su desarrollo.
6. Otro elemento fundamental para apoyar el crecimiento institucional
del país es el ordenamiento de la economía, en sus grandes líneas de
principios. Coincidimos en esto con las preocupaciones de diversos
estamentos sociales. Los Obispos creemos en las posibilidades
creativas de la libertad de iniciativa económica, como lo afirma con
claridad el Papa Juan Pablo II en su Encíclica "Sollicitudo Rei
Socialis". Pero nos inquieta la extendida y reiterada afirmación de
que la economía de mercado es único y excluyente sistema que puede
asegurar progreso para todos. La Iglesia no es contraria a la
privatización de las iniciativas económicas del Estado, pero considera
que no puede ser erigida en norma absoluta. En efecto, si el Estado
capitalista-propietario-empresario ha sido, en general, un fracaso,
sobre todo cuando ha pretendido suplantar a la sociedad fuera de
situaciones excepcionales de emergencia; y si la libre iniciativa
económica parece haber dado mayores y mejores posibilidades de
crecimiento cuando da sido racionalmente encauzada, con sentido
social; también es verdad, como lo prueba la expeciencia, que a
economía de mercado, en la medida en que es erigida en norma
absoluta, lleva a abusos incontrolables y al bloqueo de la justicia
social en el proceso de articulación de un país en vías de desarrollo.
A pesar de las justificaciones ideológicas y técnicas que se difunden
ampliamente en nuestro medio, las grandes masas empobrecidas no
estarán nunca en condiciones de salir de su postración económica
por el solo automatismo de las leyes de mercado -manejadas en los
hechos por poderosos intereses- si este sistema no es corregido
oportunamente por medidas jurídicas y políticas. Es este un tema de
particular gravedad que, estamos seguros, ustedes considerarán con
extremo realismo, pues envuelve también los problemas centrales de
la propiedad y sobre todo, del trabajo, que hacen a la vida misma, y
no solo a la capacidad económica de los hombres y de las mujeres de esta tierra.
Queremos mencionar a este propósito, la última Encíclica de Juan
Pablo II, a propósito del centenario de la "Rerum Novarum". El
ordenamiento de la economía para el hombre es una exigencia de la
dignidad de la persona humana. Por eso, dice Juan Pablo II: "Que el
hombre es el camino de la Iglesia".
De ese camino no se apartara y el amor por el hombre, en primer
lugar por el pobre, se concreta en la promoción de la justicia.
7. Dentro de este misma perspectiva, resulta imposible soslayar hoy
la cuestión de la reforma agraria. Cuestión social, sin duda, para la
cual se deben sentar los criterios principales que la han de guiar. Es
cierto que la reforma se debe programar a partir de serios y complejos
estudios que no corresponden a la Convención Constituyente. Pero
esta Convención debe evitar que esta materia pueda ser, una vez más,
postergada o tergiversada por medidas impropias de regímenes de
turno. Y los Obispos nos preguntamos si una Asamblea como esa
puede dejar sin corrección el escándaloso tráfico de las tierras
perpetrado por el Estado mismo en las pasadas décadas, que ha llevado
a la injutificable y dolorosa situación que toca vivir a tantos
compatriotas, y que todavía espera una reparación que hasta ahora
no se ha podido o no se ha querido afrontar.
8. En el ordenamiento de la estructura del Estado es prioritario asegurar
la independencia real del Poder Judicial. La falta de esta independencia
- no sólo política sino integral - ha sido en nuestra historia un vicio
capital. Causa consternación recordarlo. Y es humillante recordar que
fue causa de menosprecio de los derechos humanos de, sobre todo,
los pobres y los débiles. A los Obispos nos preocupa que esta materia,
que tantas declaraciones suscita, llega a la Convención con
ambig?edades y reticencias que ponen en peligro las exigencias y la
credibilidad de la justicia. Todos ustedes, hijas e hijos de un pueblo
que ha sufrido tantas penurias y tantos desalientos, tienen la
oportunidad de dar tranquilidad a todos con reformas decisivas.
9. Antes de concluir, ofrecemos estas reflexiones: si la Convención
está llamada a poner las bases jurídicas para organizar el bien común,
ella debe tener siempre presente que el primer objetivo es el
crecimiento, la maduración de la sociedad. Una sociedad de personas
libres y solidarias, que han de moverse por propio impulso, y con
capacidad creciente en todos los niveles.
Por consiguiente, el primer objetivo no es el perfeccionamiento del
Estado. Este no es sino un instrumento necesario e irreemplazable,
pero sólo un medio para que crezca la auto-determinación de la
sociedad. Corresponderá a la Convención diseñar un Estado que no
sea, como tantas veces ha ocurrido en nuestra historia, un obstáculo
para el progreso de la sociedad en su conjunto. Pero no podemos
olvidar que el Estado, en un país en vías de desarrollo como el nuestro,
tiene y debe tener facultades mayores de promoción, en beneficio de
las grandes mayorías pobres que no están en condiciones de asumir
su propio desarrollo y necesitan ser puestas en igualdad de
oportunidades para tener iniciativas propias. La sociedad debe
autodeterminarse; para ello necesita bases sólidas. Y repetimos, en
este punto, cuanto hemos dicho en anteriores documentos: las
llamadas organizaciones intermedias conforman en la medida que
son libres y tienen sentido de bien común, una sociedad orgánica. De
lo contrario esta se masifica en las maniobras de un populismo estéril.
10. Pero la sociedad no subsistiría con vitalidad ascendente para
sostener su organicidad sin una familia estable y fuerte en valores
superiores de autoconciencia humana y de trascendencia.
Los Obispos estimamos, por eso, que sin un instituto familiar
sólidamente enraizado en valores que se desprenden de la propia
naturaleza humana, no hay un progreso seguro de la vitalidad social.
Esperamos que la Convención tenga conciencia viva de esta realidad
y sepa sancionar, como prioritaria, una clara normativa de defensa y
promoción de la familia que está llamada a generar y educar nuevas vidas.
11. La sociedad habrá de crecer por un impulso interno propio. Ello
será posible si está impregnada de un espíritu de justicia y de
solidaridad. Pero este espíritu no lo crea el Estado ni el derecho
positivo, aunque pueden conculcarlo o favorecerlo según la
clarividencia de los hombres públicos y la sintonía que ellos son
capaces de tener con los valores positivos de las tradiciones patrias.
Indudablemente el amor es el que introduce con energía la animación
y el fortalecimiento de la justicia y de la solidaridad.
En nuestro país es el espíritu cristiano que ha fecundado
profundamente la sociedad paraguaya desde propios orígenes, el que
alimentó y sostuvo esos valores positivos, aún con las limitaciones y
los altibajos que pudo tener el proceso de evangelización. Es esta
una realidad que la Convención que ustedes componen no puede
ignorar. Dentro de un leal contexto de libertad de conciencia y de
culto, la nueva constitución debe apreciar, respetar y defender esa
realidad. No será, ciertamente, el desmedro de la fe y la religiosidad
del pueblo que traerá un más seguro y esforzado espíritu de justicia y
solidaridad. Al contrario, un afincamiento cada vez mayor y más
comunitario en el espíritu de Cristo Redentor, que nos hace a todos
hijos de un mismo Padre, iguales en destino y en dignidad, es garantía
de sólida convivencia en libertad y respeto.
Señoras y señores Convencionales: imploramos sobre todos ustedes
y sobre la alta y grave responsabilidad que les incumbe,la bendición
de este Dios que es fuente de toda verdad y de toda justicia, por la
intercesión de la Virgen de Caacupé, Madre del pueblo paraguayo.
Asunción, 30 de diciembre de 1991
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15/10/2010
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