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Documentos \ Publicaciones Documento de las conclusiones del Diálogo Nacional. 8 de Marzo de 2002.
Documento de las conclusiones del Diálogo Nacional
INTRODUCCIÓN
En los últimos años han sido varios los intentos de concertación política y social.
Prácticamente, los resultados no fueron positivos en la medida
esperada. Muchos pueden ser los motivos para explicarlo, pero más
importante que discutirlos es recordar que sin una auténtica
predisposición al diálogo, sin una rigurosa priorización del bien común
y sin una generosa y sincera subordinación de los objetivos e intereses
particulares a dicho fin, todo esfuerzo será inútil.
El propósito de los Obispos fue establecer puentes de comunicación
entre los diversos sectores de la vida nacional, acordar un programa
básico de acción y procurar el inicio de un camino de aplicación del programa concluido.
Nunca dudamos que nuestra labor se limitaba a esa convocatoria.
Los responsables naturales del bien común temporal del país son los
que deben llevarlo a la práctica.
CONVOCATORIA AL DIÁLOGO
Entre agosto y septiembre del año 2001, los Obispos del Paraguay,
luego de reflexionar sobre el insistente llamado de muchos sectores
que coincidían en señalar la gravedad de los planteamientos y de los
problemas socioeconómicos y políticos, hemos asumido el desafío,
con fe y esperanza de convocar a un Diálogo Nacional, concientes
del arduo camino, de las dificultades del momento y de la amplitud y profundidad de la crisis.
Convocamos entonces a los Poderes del Estado; a los bloques
Parlamentarios; a los Gobernadores de los Departamentos del país; a
los partidos políticos, incluso a los que no tenían representación
parlamentaria; a organizaciones empresariales; centrales campesinas
y sindicales; a grupos y movimientos juveniles y a mujeres; a
directores y formadores de opinión de los medios de comunicación social.
Al término de las reuniones desarrolladas en un marco de seriedad y
respeto, pudimos consignar en el mes de noviembre del año pasado
que resultaba muy positivo anotar que ni una sola de las invitaciones
cursadas habían sido rechazadas; que la experiencia de un discenso
civilizado mostraba que los paraguayos podemos trabajar juntos para
buscar días mejores para la comunidad nacional. Y también dijimos
que agradecíamos el interés despertado en comunidades y personas
creyentes, que nos acompañan con la oración en todo momento, así
como el aporte de organismos, entidades y personas, que sin haber
sido invitados a las reuniones nos hicieron llegar sus puntos de vista, muy valiosos por cierto.
Con todo el material recogido, variado y rico, se comenzó a trabajar
para integrar, en la medida de lo posible, las opiniones y los aportes
recibidos. El resultado se expone a continuación en las conclusiones
agrupadas entorno a los cuatro puntos del Programa Básico de Acción.
Ellos son:
I. Propuestas políticas y gobernabilidad
1. Elaborar un plan de emergencia que contenga como base el plan
de gobierno 1999-2003 y el clima de inseguridad y violencia que
azota a todo el país.
2. Reforma de la Constitución Nacional.
3. Reforma del Código Electoral a los efectos de unificar los ciclos
electorales y de modificar el sistema de listas cerradas.
4. Modificación del sistema de elección de autoridades de las dos
Cámaras de anual a bianual a fin de evitar el electoralismo en el Congreso.
5. La Reforma de la Ley de la Defensa Nacional que comprenda de
modo particular la reforma de las Fuerzas Públicas.
6. Implementación efectiva de la descentralización.
II. Combate a la corrupción y a la impunidad.
1.Implementación de un sistema de transparencia en las gestiones de
licitación y adquisición y compra de materiales e insumos.
2. Control y declaración de bienes de todos los magistrados y creación
de un mecanismo de rotación de envío de jueces, fiscales y defensores
a las zonas de conflictos.
3. Investigación de los casos de denuncias de corrupción por medio
de las organizaciones de control del Parlamento, el Poder Judicial, el
Ministerio Público, la Contraloría de la República y las Contralorías Ciudadanas.
4. Crear la Policía Judicial.
III. Equidad Social.
1. Reestructuración de las direcciones y superviciones de educación
y salud pública a partir de los recursos públicos por méritos y aptitudes.
2. Provisión de recursos para la reforma educativa y en especial para
las escuelas de localidades más carentes.
3. Atender la salud primaria de las comunidades en extrema pobreza.
4. Reasentamiento y apoyo de diez mil familias campesinas 2002 - 2003.
5. Apoyo prioritario a las comunidades indígenas en los sectores de
tierra, salud, educación.
6. Creación y promoción de empleo para veinte mil jóvenes
desocupados en el campo y en la ciudad en el año 2002.
IV. Reactivación económica y realización del Presupuesto General de Gastos de la Nación
1. Reforma del Sistema Tributario que garantice una nueva y mejor gestión.
2. Eliminación de los consejos de entes descentralizados.
3. Reducción del subsidio electoral.
4. Racionalización del presupuesto de las Fuerzas Armadas.
5. Implementación de un plan de emergencia para la agricultura y la industria nacional.
6. Reforma de la banca pública y del IPS.
7. Transparencia en la privatización de entes estatales.
CONCLUSIONES
Tras prolongada reflexión y oración, los Obispos presentamos estas
conclusiones, que no está demás repetir, son de los participantes.
Entendemos que corresponde ponerlas, en primer lugar, en manos de
los responsables de los Poderes del Estado. También las ponemos a
disposición de todos los participantes de las reuniones tenidas y, por
supuesto, las hacemos conocer para que el pueblo sepa el camino
recorrido y el resultado alcanzado.
Una vez más, los Obispos agradecemos la colaboración recibida y
reiteramos nuestra satisfacción por los logros alcanzados. Somos
conscientes de que la verdadera tarea de superar los graves problemas
que nos aquejan recién comienza, o mejor dicho, comenzará cuando
los naturales responsables de la conducción de la comunidad nacional
asuman el compromiso histórico de llevar a la práctica este programa.
Pero también creemos firmemente que la participación de la
comunidad nacional, de todo el pueblo, es indispensable para que
todas estas propuestas no queden en el papel.
Estamos convencidos de que, para dar un seguimiento seguro y eficaz
al cumplimiento de estas propuestas, es indispensable la participación de toda la ciudadanía.
Ella, por medio de los movimientos cívicos, de las organizaciones
que buscan una mayor transparencia en las gestiones del bien común,
y de aquellos grupos organizados que buscan un nuevo modelo de
convivencia ciudadana, podrá asegurar un Paraguay honesto, solidario y fraterno.
Con mucha confianza colocamos en manos de todos los paraguayos
y paraguayas este emprendimiento, prometiendo nuestro particular y
permanente apoyo.
Asunción, 8 de marzo del 2002
Por mandato de la 166a. Asamblea Plenaria
Pastor Cuquejo
Obispo Castrense - Secretario General de la CEP
INTRODUCCIÓN
En los últimos años han sido varios los intentos de concertación política y social.
Prácticamente, los resultados no fueron positivos en la medida
esperada. Muchos pueden ser los motivos para explicarlo, pero más
importante que discutirlos es recordar que sin una auténtica
predisposición al diálogo, sin una rigurosa priorización del bien común
y sin una generosa y sincera subordinación de los objetivos e intereses
particulares a dicho fin, todo esfuerzo será inútil.
El propósito de los Obispos fue establecer puentes de comunicación
entre los diversos sectores de la vida nacional, acordar un programa
básico de acción y procurar el inicio de un camino de aplicación del programa concluido.
Nunca dudamos que nuestra labor se limitaba a esa convocatoria.
Los responsables naturales del bien común temporal del país son los
que deben llevarlo a la práctica.
CONVOCATORIA AL DIÁLOGO
Entre agosto y septiembre del año 2001, los Obispos del Paraguay,
luego de reflexionar sobre el insistente llamado de muchos sectores
que coincidían en señalar la gravedad de los planteamientos y de los
problemas socioeconómicos y políticos, hemos asumido el desafío,
con fe y esperanza de convocar a un Diálogo Nacional, concientes
del arduo camino, de las dificultades del momento y de la amplitud y profundidad de la crisis.
Convocamos entonces a los Poderes del Estado; a los bloques
Parlamentarios; a los Gobernadores de los Departamentos del país; a
los partidos políticos, incluso a los que no tenían representación
parlamentaria; a organizaciones empresariales; centrales campesinas
y sindicales; a grupos y movimientos juveniles y a mujeres; a
directores y formadores de opinión de los medios de comunicación social.
Al término de las reuniones desarrolladas en un marco de seriedad y
respeto, pudimos consignar en el mes de noviembre del año pasado
que resultaba muy positivo anotar que ni una sola de las invitaciones
cursadas habían sido rechazadas; que la experiencia de un discenso
civilizado mostraba que los paraguayos podemos trabajar juntos para
buscar días mejores para la comunidad nacional. Y también dijimos
que agradecíamos el interés despertado en comunidades y personas
creyentes, que nos acompañan con la oración en todo momento, así
como el aporte de organismos, entidades y personas, que sin haber
sido invitados a las reuniones nos hicieron llegar sus puntos de vista, muy valiosos por cierto.
Con todo el material recogido, variado y rico, se comenzó a trabajar
para integrar, en la medida de lo posible, las opiniones y los aportes
recibidos. El resultado se expone a continuación en las conclusiones
agrupadas entorno a los cuatro puntos del Programa Básico de Acción.
Ellos son:
I. Propuestas políticas y gobernabilidad
1. Elaborar un plan de emergencia que contenga como base el plan
de gobierno 1999-2003 y el clima de inseguridad y violencia que
azota a todo el país.
2. Reforma de la Constitución Nacional.
3. Reforma del Código Electoral a los efectos de unificar los ciclos
electorales y de modificar el sistema de listas cerradas.
4. Modificación del sistema de elección de autoridades de las dos
Cámaras de anual a bianual a fin de evitar el electoralismo en el Congreso.
5. La Reforma de la Ley de la Defensa Nacional que comprenda de
modo particular la reforma de las Fuerzas Públicas.
6. Implementación efectiva de la descentralización.
II. Combate a la corrupción y a la impunidad.
1.Implementación de un sistema de transparencia en las gestiones de
licitación y adquisición y compra de materiales e insumos.
2. Control y declaración de bienes de todos los magistrados y creación
de un mecanismo de rotación de envío de jueces, fiscales y defensores
a las zonas de conflictos.
3. Investigación de los casos de denuncias de corrupción por medio
de las organizaciones de control del Parlamento, el Poder Judicial, el
Ministerio Público, la Contraloría de la República y las Contralorías Ciudadanas.
4. Crear la Policía Judicial.
III. Equidad Social.
1. Reestructuración de las direcciones y superviciones de educación
y salud pública a partir de los recursos públicos por méritos y aptitudes.
2. Provisión de recursos para la reforma educativa y en especial para
las escuelas de localidades más carentes.
3. Atender la salud primaria de las comunidades en extrema pobreza.
4. Reasentamiento y apoyo de diez mil familias campesinas 2002 - 2003.
5. Apoyo prioritario a las comunidades indígenas en los sectores de
tierra, salud, educación.
6. Creación y promoción de empleo para veinte mil jóvenes
desocupados en el campo y en la ciudad en el año 2002.
IV. Reactivación económica y realización del Presupuesto General de Gastos de la Nación
1. Reforma del Sistema Tributario que garantice una nueva y mejor gestión.
2. Eliminación de los consejos de entes descentralizados.
3. Reducción del subsidio electoral.
4. Racionalización del presupuesto de las Fuerzas Armadas.
5. Implementación de un plan de emergencia para la agricultura y la industria nacional.
6. Reforma de la banca pública y del IPS.
7. Transparencia en la privatización de entes estatales.
CONCLUSIONES
Tras prolongada reflexión y oración, los Obispos presentamos estas
conclusiones, que no está demás repetir, son de los participantes.
Entendemos que corresponde ponerlas, en primer lugar, en manos de
los responsables de los Poderes del Estado. También las ponemos a
disposición de todos los participantes de las reuniones tenidas y, por
supuesto, las hacemos conocer para que el pueblo sepa el camino
recorrido y el resultado alcanzado.
Una vez más, los Obispos agradecemos la colaboración recibida y
reiteramos nuestra satisfacción por los logros alcanzados. Somos
conscientes de que la verdadera tarea de superar los graves problemas
que nos aquejan recién comienza, o mejor dicho, comenzará cuando
los naturales responsables de la conducción de la comunidad nacional
asuman el compromiso histórico de llevar a la práctica este programa.
Pero también creemos firmemente que la participación de la
comunidad nacional, de todo el pueblo, es indispensable para que
todas estas propuestas no queden en el papel.
Estamos convencidos de que, para dar un seguimiento seguro y eficaz
al cumplimiento de estas propuestas, es indispensable la participación de toda la ciudadanía.
Ella, por medio de los movimientos cívicos, de las organizaciones
que buscan una mayor transparencia en las gestiones del bien común,
y de aquellos grupos organizados que buscan un nuevo modelo de
convivencia ciudadana, podrá asegurar un Paraguay honesto, solidario y fraterno.
Con mucha confianza colocamos en manos de todos los paraguayos
y paraguayas este emprendimiento, prometiendo nuestro particular y
permanente apoyo.
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