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Documentos \ Publicaciones Mensaje de Fin de Año. 31 de Diciembre de 1982.
Mensaje de Fin de Año
Nuestra conciencia de pastores al servicio del pueblo de Dios nos
hace estar atentos a las aspiraciones profundas del hombre paraguayo.
Nuestra condición de ciudadanos y el amor a la Patria nos hace
compartir el anhelo de cambio y superación que percibimos. De ahí
que ante el umbral de un nuevo año que marcará una nueva etapa en
la vida de la nación, así como la situación socio-política en que nos
encontramos, sentimos la obligación de "proclamar con autoridad la
Palabra de Dios" (Evangelium Nuntiandi, n? 68). Pretendemos
"proyectar la luz de nuestra palabra sobre la política como una guía
orientadora para cuantos deben asumir resposabilidades sociales" (Puebla, 512).
No olvidamos que la Iglesia y la comunidad política son, en sus
propios campos, independientes y antónomas. Pero ambas están al
servicio de "la vocación personal y social de los hombres" (Gaudium
et Spes, 76). En su reciente viaje a España lo recordaba el Papa Juan
Pablo II: "Respetando gustosamente los ámbitos que no le son propios,
la Iglesia señala un rumbo moral, que no es divergente o contrario,
sino que coincide con las exigencias de la dignidad de la persona
humana y los derechos y libertades a ella inherentes. Y que constituyen
la plataforma de una sana sociedad". Nadie vea, por tanto, ingerencia
indebida en lo que es un válido servicio para la evaluación objetiva
de nuestra política y para la eficaz construcción de una sociedad más fraterna.
1. El Concilio Vaticano II nos dice que "el principio, sujeto y fin de
toda institución social es y debe ser la persona humana?cuya dignidad
está por encima de todas las cosas y sus derechos son universales e
inviolables" (G. S. 25 y 26). Por lo cual, continúa el Concilio, "todo
orden social debe orientarse hacia el bien de las personas? Para
lograr esa orientación, el orden social se ha de fundamentar en la
Verdad, construir en la justicia, vivificar con el amor y encontrar en
la libertad un equilibrio cada vez más humano" (G .S. 26). Decía el
Papa al Cuerpo Diplomático acreditado ante el gobierno español "La
persona humana, con sus exigencias trascendentes y eternas, es criterio
y medida de los esfuerzos de toda política".
No puede extrañar, por tanto, la preocupación de la Iglesia por el
olvido o menosprecio de la persona humana y sus derechos en la
ordenación social y en la vida política. No puede extrañar la insistencia
de nuestra Iglesia ante la reiteración de hechos, como la detención
arbitraria de personas, la aplicación de torturas, la falta de libertad y
la ausencia de garantías personales, que de ninguna manera pueden
justificarse. Mientras no se respete la verdad y no se trabaje por la
justicia, no habrá esa orientación fundamental de que nos habla el
Concilio. Y será imposible la humana convivencia fecunda y bien organizada.
2. La comunidad política, dice también el documento conciliar, "nace
de la búsqueda del bien común" (G. S. 74). Éste es la suma de
condiciones que permite a los individuos y a las colectividades
alcanzar su propia perfección más plena y rápidamente"(G. S. 26).
El bien común prevalece sobre los intereses particulares, porque los
incluye a todos, los integra a una convivencia efectiva. Pero no debe
confundirse con el orden externo, por más importante que este sea, ni
con el bien de los gobernantes cuya razón de ser es la prosecución del bien común.
Nos preocupa profundamente el olvido frecuente de tales principios.
La identificación del bien común con el de grupos o parcialidades
daña gravemente la convivencia. Como la destruye la justificación
pretendida de actos violatorios de los derechos personales por la
simple razón de la seguridad nacional ante el peligro del comunismo
o del terrorismo y la subversión. Consideramos necesario recordar,
una vez más, la clara postura de la Iglesia ante doctrinas y prácticas
como las mencionadas, que por ir contra la persona humana y el bien
común de los pueblos no pueden ser sino rechazadas. Pero también
consideramos necesario ratificar el valor del imperio de una recta
concepción del bién común. Mientras no lo sea claro, no estamos bien encaminados.
3. El bien común es un deber que incumbe a todos los ciudadanos, lo
cual implica el derecho y el deber de participar en la "gestión de los
asuntos públicos" (G. S. 75). Esta participación adquiere particular
relieve en la designación de los gobernantes. Estos deberán actuar
"dentro de los límites del orden moral y según las exigencias del bien
común entendido en forma dinámica y conforme a un orden jurídico
legítimamente establecido" (G. S. 74). Con mucha razón se dijo que
solo pasa a ser bien común lo que es participado por el pueblo. Con
razón también dijo el Papa Juan Pablo II que "es deber de los
gobernantes que se preserve la armónica convivencia, la solidaridad, el mútuo respeto, y el bien de todos".
No se compagina con esta concepción de la búsqueda del bien común
el doloroso fenómeno de los exiliados, la falta de vigencia del principio
de igualdad de los ciudadanos ante la Ley, la aplicación de criterios
discriminatorios para el acceso a cargos públicos, etc. Como tampoco
debe dejar de señalarse con preocupación el desinterés ante el llamado
a las elecciones la falta de credibilidad en los gobernantes, en los
políticos, en la administración de la justicia? La eliminación de los
organismos intermedios hace prácticamente imposible la participación
en la búsqueda del bien común. Repetimos, por eso, la urgencia de
rehacer el tejido social de la nación como una prioridad absoluta.
4. En toda comunidad política se encuentra generalmente una gran
diversidad de pareceres y "los hombres pueden legítimamente
inclinarse hacia soluciones opuestas" (G. S.74). Es cierto, con todo,
que "nunca está permitido anteponer intereses propios al bien común"
(G.S. 75). Para que el pluralismo político logre la cooperación
responsable de todos, es necesaria la actuación de una autoridad que
sea capaz de orientar hacia el bien común las energías de los
ciudadanos y la vigencia de un estatuto jurídico que garantice la
oportuna repartición del poder y el respeto a los derechos de las
personas, las familias y las asociaciones.
Queremos recordar, con los Obispos reunidos en Puebla, que este
pluralismo es una realidad y una realidad enriquecedora. Por eso
renovamos un vehemente llamado a todos los hombres y grupos
políticos a un sincero diálogo y a una auténtica reconcilición. Que se
depongan las actitudes soberbias y los resentimientos estériles. Que
la diversidad de ideas no lleve a la desunión. Que los símbolos patrios
prevalezcan sobre los partidarios, de modo que todos nos encontremos
en la tarea de construir entre todos el Paraguay del mañana. Esto
supone, dice Puebla (N? 1220) "una concientización general de
resposabilidad común, frente a un desafío que exige la participación de todos".
5. La actuación de los poderes públicos tiene que estar regida por el
principio de subsidiariedad. En virtud del mismo el Estado, ordenado
por su naturaleza al bien de todos los ciudadanos, solo debe intervenir
en la actividad privada cuando así lo exija el bien de la ciudadanía.
Cuando el hombre o los grupos intermedios no pueden hacer realidad
la consecución del bien común, solo entonces el Estado debe
intervenir. Y, por supuesto, esta intervención estatal no debe ser
absolutista ni paternalista. Mucho menos debe ser para privilegiar
una suerte de nepotismo o de grupismo. Buscará siempre un sano
equilibrio para el bien de todos.
El objetivo, es, dice el Documento de Puebla (N? 1238): "la
consecusión del bien común y la conciliación de la libertad, la justicia,
y la igualdad en una genuina sociedad participada".
No creemos necesario reiterar el inustituible papel de los organismos
intermedios para el ordenado desarrollo de la vida nacional. Tampoco
creemos necesario reiterar la urgencia de la plena vigencia de normas
sancionadas por la misma Constitución Nacional y Leyes
solemnemente promulgadas. Nos limitamos a exhortar a todos, y en
especial a quienes mayores resposabilidades tenemos, a la superación
de todo sectarismo y partidismo que tanto daña la sana convivencia democrática.
Urge devolver a los organismos intermedios su importancia y su papel.
Urge limitar la actuación del Estado y encausar la misma en estrictos criterios de bien común.
6. Es menester procurar la educación cívica y política del pueblo,
sobre todo de la juventud, para alcanzar una convivencia democrática,
responsable y pacífica. Esta educación debe ser para la verdad, la
justicia y el amor, nos debe llevar a un clima de aceptación y respeto
de los demás, aunque tengan puntos de vistas y posiciones diferentes
a las nuestras. Así mismo deberá alentarse la participación en la vida
política sin buscar el propio interés ni ventajas personales, sino, como
dice el Concilio Vaticano II, "luchando contra la injusticia y la
opresión, la intolerancia y el absolutismo, sea de un hombre o de un partido" (G.S. 75).
Doloroso es comprobar la distancia que media entre estos principios y
nuestra realidad. No se procuran programas educativos como los
señalados. Y, lo que es más grave aún, bajo el rótulo de planes formativos
o educativos se pretende justificar una situación que adolece de graves
males, se busca mantener desigualdades irritantes, se repiten afirmaciones
que no se basan en la verdad ni buscan el auténtico bien de la nación.
Y, por sobre todo, no puede pretenderse una educación cívica y política
mientras no se enfrente con decisión el problema de la corrupción
administrativa y la gravísima quiebra de los valores morales. Desde
la familia y la escuela, hasta las más elevadas esferas gubernativas,
es necesario buscar valores auténticos y propios del tradicional acervo
de nuestro pueblo. No solamente el heroísmo y coraje de nuestros
mayores sino también el trabajo honesto y la austerdad de vida, la
hospitalidad franca y el anhelo de pacífica convivencia, el respeto a
todos y el culto a la verdad. Sobre esta base se puede programar y
desarrollar emprendimientos que sean realmente positivos y permanentes.
7. La reciente celebración de la Festividad de Nuestra Señora de los
Milagros de Caacupé fue ocasión, no solo para la fervorosa
manifestación de la fe y devoción del pueblo paraguayo, sino también
para la formulación de un objetivo propuesto por la Iglesia al hombre
paraguayo: edificar un santuario de paz y de justicia. Los Obispos
del Paraguay hacemos nuestra la predicación de esos días. Y
reiteramos la importancia de llevar a la realidad el gran objetivo que
ya en el Plan Pastoral Orgánica se expresaba con estas palabras:
construir una sociedad más fraterna y justa, abierta a Dios.
El anuncio de la aceptación por parte del Sumo Pontífice de la
invitación para visitar nuestro país es un nuevo motivo para lanzarnos
a la gran empresa de la reconciliación en el amor y de la paz en la
verdad y en la justicia. Juan Pablo II vendrá al Paraguay y desde ya
queremos prepararnos a recibirlo como es debido. Y en este sentido
afirmamos que la tarea de todos es imprescindible.
Sobre todo parece necesario buscar los medios adecuados para ir
logrando un tipo de hombre nuevo: libre, responsable, abierto al
diálogo, con alto sentido de los derechos de cada persona, sensible a
la situación de los más desposeídos, que sepa sacrificar sus propios
intereses al bien común, más interesado en el ser que en el poseer,
cuyo ideal sea el hombre-Dios Cristo-Jesús.
Invocando la intercesión de la Pura y Limpia Concepción de Caacupé
y del Beato Roque González de Santa Cruz, los Obispos del Paraguay
ofrecemos estas reflexiones al pueblo creyente y a todos los hombres
de buena voluntad. A todos llamamos a construir un Paraguay mejor,
en la verdad y en la justicia, en el amor y en la libertad que realizarán la paz real.
Asunción, 31 de diciembre de 1982
Por la Presidencia de la CEP.
+ Jorge Livieres Banks
Obispo Auxiliar de Asunción y Secretario General de la CEP
Nuestra conciencia de pastores al servicio del pueblo de Dios nos
hace estar atentos a las aspiraciones profundas del hombre paraguayo.
Nuestra condición de ciudadanos y el amor a la Patria nos hace
compartir el anhelo de cambio y superación que percibimos. De ahí
que ante el umbral de un nuevo año que marcará una nueva etapa en
la vida de la nación, así como la situación socio-política en que nos
encontramos, sentimos la obligación de "proclamar con autoridad la
Palabra de Dios" (Evangelium Nuntiandi, n? 68). Pretendemos
"proyectar la luz de nuestra palabra sobre la política como una guía
orientadora para cuantos deben asumir resposabilidades sociales" (Puebla, 512).
No olvidamos que la Iglesia y la comunidad política son, en sus
propios campos, independientes y antónomas. Pero ambas están al
servicio de "la vocación personal y social de los hombres" (Gaudium
et Spes, 76). En su reciente viaje a España lo recordaba el Papa Juan
Pablo II: "Respetando gustosamente los ámbitos que no le son propios,
la Iglesia señala un rumbo moral, que no es divergente o contrario,
sino que coincide con las exigencias de la dignidad de la persona
humana y los derechos y libertades a ella inherentes. Y que constituyen
la plataforma de una sana sociedad". Nadie vea, por tanto, ingerencia
indebida en lo que es un válido servicio para la evaluación objetiva
de nuestra política y para la eficaz construcción de una sociedad más fraterna.
1. El Concilio Vaticano II nos dice que "el principio, sujeto y fin de
toda institución social es y debe ser la persona humana?cuya dignidad
está por encima de todas las cosas y sus derechos son universales e
inviolables" (G. S. 25 y 26). Por lo cual, continúa el Concilio, "todo
orden social debe orientarse hacia el bien de las personas? Para
lograr esa orientación, el orden social se ha de fundamentar en la
Verdad, construir en la justicia, vivificar con el amor y encontrar en
la libertad un equilibrio cada vez más humano" (G .S. 26). Decía el
Papa al Cuerpo Diplomático acreditado ante el gobierno español "La
persona humana, con sus exigencias trascendentes y eternas, es criterio
y medida de los esfuerzos de toda política".
No puede extrañar, por tanto, la preocupación de la Iglesia por el
olvido o menosprecio de la persona humana y sus derechos en la
ordenación social y en la vida política. No puede extrañar la insistencia
de nuestra Iglesia ante la reiteración de hechos, como la detención
arbitraria de personas, la aplicación de torturas, la falta de libertad y
la ausencia de garantías personales, que de ninguna manera pueden
justificarse. Mientras no se respete la verdad y no se trabaje por la
justicia, no habrá esa orientación fundamental de que nos habla el
Concilio. Y será imposible la humana convivencia fecunda y bien organizada.
2. La comunidad política, dice también el documento conciliar, "nace
de la búsqueda del bien común" (G. S. 74). Éste es la suma de
condiciones que permite a los individuos y a las colectividades
alcanzar su propia perfección más plena y rápidamente"(G. S. 26).
El bien común prevalece sobre los intereses particulares, porque los
incluye a todos, los integra a una convivencia efectiva. Pero no debe
confundirse con el orden externo, por más importante que este sea, ni
con el bien de los gobernantes cuya razón de ser es la prosecución del bien común.
Nos preocupa profundamente el olvido frecuente de tales principios.
La identificación del bien común con el de grupos o parcialidades
daña gravemente la convivencia. Como la destruye la justificación
pretendida de actos violatorios de los derechos personales por la
simple razón de la seguridad nacional ante el peligro del comunismo
o del terrorismo y la subversión. Consideramos necesario recordar,
una vez más, la clara postura de la Iglesia ante doctrinas y prácticas
como las mencionadas, que por ir contra la persona humana y el bien
común de los pueblos no pueden ser sino rechazadas. Pero también
consideramos necesario ratificar el valor del imperio de una recta
concepción del bién común. Mientras no lo sea claro, no estamos bien encaminados.
3. El bien común es un deber que incumbe a todos los ciudadanos, lo
cual implica el derecho y el deber de participar en la "gestión de los
asuntos públicos" (G. S. 75). Esta participación adquiere particular
relieve en la designación de los gobernantes. Estos deberán actuar
"dentro de los límites del orden moral y según las exigencias del bien
común entendido en forma dinámica y conforme a un orden jurídico
legítimamente establecido" (G. S. 74). Con mucha razón se dijo que
solo pasa a ser bien común lo que es participado por el pueblo. Con
razón también dijo el Papa Juan Pablo II que "es deber de los
gobernantes que se preserve la armónica convivencia, la solidaridad, el mútuo respeto, y el bien de todos".
No se compagina con esta concepción de la búsqueda del bien común
el doloroso fenómeno de los exiliados, la falta de vigencia del principio
de igualdad de los ciudadanos ante la Ley, la aplicación de criterios
discriminatorios para el acceso a cargos públicos, etc. Como tampoco
debe dejar de señalarse con preocupación el desinterés ante el llamado
a las elecciones la falta de credibilidad en los gobernantes, en los
políticos, en la administración de la justicia? La eliminación de los
organismos intermedios hace prácticamente imposible la participación
en la búsqueda del bien común. Repetimos, por eso, la urgencia de
rehacer el tejido social de la nación como una prioridad absoluta.
4. En toda comunidad política se encuentra generalmente una gran
diversidad de pareceres y "los hombres pueden legítimamente
inclinarse hacia soluciones opuestas" (G. S.74). Es cierto, con todo,
que "nunca está permitido anteponer intereses propios al bien común"
(G.S. 75). Para que el pluralismo político logre la cooperación
responsable de todos, es necesaria la actuación de una autoridad que
sea capaz de orientar hacia el bien común las energías de los
ciudadanos y la vigencia de un estatuto jurídico que garantice la
oportuna repartición del poder y el respeto a los derechos de las
personas, las familias y las asociaciones.
Queremos recordar, con los Obispos reunidos en Puebla, que este
pluralismo es una realidad y una realidad enriquecedora. Por eso
renovamos un vehemente llamado a todos los hombres y grupos
políticos a un sincero diálogo y a una auténtica reconcilición. Que se
depongan las actitudes soberbias y los resentimientos estériles. Que
la diversidad de ideas no lleve a la desunión. Que los símbolos patrios
prevalezcan sobre los partidarios, de modo que todos nos encontremos
en la tarea de construir entre todos el Paraguay del mañana. Esto
supone, dice Puebla (N? 1220) "una concientización general de
resposabilidad común, frente a un desafío que exige la participación de todos".
5. La actuación de los poderes públicos tiene que estar regida por el
principio de subsidiariedad. En virtud del mismo el Estado, ordenado
por su naturaleza al bien de todos los ciudadanos, solo debe intervenir
en la actividad privada cuando así lo exija el bien de la ciudadanía.
Cuando el hombre o los grupos intermedios no pueden hacer realidad
la consecución del bien común, solo entonces el Estado debe
intervenir. Y, por supuesto, esta intervención estatal no debe ser
absolutista ni paternalista. Mucho menos debe ser para privilegiar
una suerte de nepotismo o de grupismo. Buscará siempre un sano
equilibrio para el bien de todos.
El objetivo, es, dice el Documento de Puebla (N? 1238): "la
consecusión del bien común y la conciliación de la libertad, la justicia,
y la igualdad en una genuina sociedad participada".
No creemos necesario reiterar el inustituible papel de los organismos
intermedios para el ordenado desarrollo de la vida nacional. Tampoco
creemos necesario reiterar la urgencia de la plena vigencia de normas
sancionadas por la misma Constitución Nacional y Leyes
solemnemente promulgadas. Nos limitamos a exhortar a todos, y en
especial a quienes mayores resposabilidades tenemos, a la superación
de todo sectarismo y partidismo que tanto daña la sana convivencia democrática.
Urge devolver a los organismos intermedios su importancia y su papel.
Urge limitar la actuación del Estado y encausar la misma en estrictos criterios de bien común.
6. Es menester procurar la educación cívica y política del pueblo,
sobre todo de la juventud, para alcanzar una convivencia democrática,
responsable y pacífica. Esta educación debe ser para la verdad, la
justicia y el amor, nos debe llevar a un clima de aceptación y respeto
de los demás, aunque tengan puntos de vistas y posiciones diferentes
a las nuestras. Así mismo deberá alentarse la participación en la vida
política sin buscar el propio interés ni ventajas personales, sino, como
dice el Concilio Vaticano II, "luchando contra la injusticia y la
opresión, la intolerancia y el absolutismo, sea de un hombre o de un partido" (G.S. 75).
Doloroso es comprobar la distancia que media entre estos principios y
nuestra realidad. No se procuran programas educativos como los
señalados. Y, lo que es más grave aún, bajo el rótulo de planes formativos
o educativos se pretende justificar una situación que adolece de graves
males, se busca mantener desigualdades irritantes, se repiten afirmaciones
que no se basan en la verdad ni buscan el auténtico bien de la nación.
Y, por sobre todo, no puede pretenderse una educación cívica y política
mientras no se enfrente con decisión el problema de la corrupción
administrativa y la gravísima quiebra de los valores morales. Desde
la familia y la escuela, hasta las más elevadas esferas gubernativas,
es necesario buscar valores auténticos y propios del tradicional acervo
de nuestro pueblo. No solamente el heroísmo y coraje de nuestros
mayores sino también el trabajo honesto y la austerdad de vida, la
hospitalidad franca y el anhelo de pacífica convivencia, el respeto a
todos y el culto a la verdad. Sobre esta base se puede programar y
desarrollar emprendimientos que sean realmente positivos y permanentes.
7. La reciente celebración de la Festividad de Nuestra Señora de los
Milagros de Caacupé fue ocasión, no solo para la fervorosa
manifestación de la fe y devoción del pueblo paraguayo, sino también
para la formulación de un objetivo propuesto por la Iglesia al hombre
paraguayo: edificar un santuario de paz y de justicia. Los Obispos
del Paraguay hacemos nuestra la predicación de esos días. Y
reiteramos la importancia de llevar a la realidad el gran objetivo que
ya en el Plan Pastoral Orgánica se expresaba con estas palabras:
construir una sociedad más fraterna y justa, abierta a Dios.
El anuncio de la aceptación por parte del Sumo Pontífice de la
invitación para visitar nuestro país es un nuevo motivo para lanzarnos
a la gran empresa de la reconciliación en el amor y de la paz en la
verdad y en la justicia. Juan Pablo II vendrá al Paraguay y desde ya
queremos prepararnos a recibirlo como es debido. Y en este sentido
afirmamos que la tarea de todos es imprescindible.
Sobre todo parece necesario buscar los medios adecuados para ir
logrando un tipo de hombre nuevo: libre, responsable, abierto al
diálogo, con alto sentido de los derechos de cada persona, sensible a
la situación de los más desposeídos, que sepa sacrificar sus propios
intereses al bien común, más interesado en el ser que en el poseer,
cuyo ideal sea el hombre-Dios Cristo-Jesús.
Invocando la intercesión de la Pura y Limpia Concepción de Caacupé
y del Beato Roque González de Santa Cruz, los Obispos del Paraguay
ofrecemos estas reflexiones al pueblo creyente y a todos los hombres
de buena voluntad. A todos llamamos a construir un Paraguay mejor,
en la verdad y en la justicia, en el amor y en la libertad que realizarán la paz real.
Asunción, 31 de diciembre de 1982
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19/11/2010
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