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La Propiedad de la Tierra

La Propiedad de la Tierra

SITUACIÓN
El problema de la tenencia de la tierra que afecta a amplios sectores
del campesinado paraguayo y que aflora hoy con fuerza en términos
de conflicto social, obliga a expresar, con evangélica franqueza, una
palabra sobre el tema de la propiedad y el uso de la tierra en nuestro país.

Se está pasando por una crisis profunda en todos los niveles. Esta
crisis puede constituirse en una oportunidad para encarar los cambios
profundos que pueden ayudar a la sociedad paraguaya a mejorar, a
renovarse, a ofrecer a sus ciudadanos condiciones de vida más dignas.
Los conflictos sociales como consecuencia de la propiedad y el uso
de la tierra son recurrentes, forman parte de un círculo vicioso que se
deben romper para hacer del Paraguay un país viable.

PRINCIPIOS NATURALES
La propiedad es garantía de libertad para el ser humano, pues quien
nada posee depende totalmente de otros. La propiedad puede ayudar
a desarrollar a la persona mediante la valoración y conservación de
las cosas y hace surgir en ella el sentido de la responsabilidad y el sentido de previsión.

Quien se apropia de la tierra se responsabiliza de usarla para su propio
bien y para bien de los otros. De lo anterior se concluye que el derecho
a la propiedad cumple una función personal, de promoción y desarrollo
integral de la persona, y una función social, de servicio a la comunidad.

El derecho a la propiedad es un derecho natural, se basa en la
naturaleza del hombre y, por tanto, es un derecho anterior al Estado.
Sin embargo, a éste le corresponde reglamentar el uso de la propiedad.

En este sentido es oportuno recordar que el derecho a la propiedad es
también para el que no la tiene.

Si cada hombre tiene derecho a la propiedad, tiene igualmente el
deber de respetar la propiedad ajena; caso contrario, habría
desequilibrio social por procedimientos unilaterales injustos. Si no
se respeta la propiedad ajena, ?cómo se puede exigir que respeten la propia?

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
En la doctrina social de la Iglesia se juzga el proceso de concentración
de tierra como un escándalo porque está en neta oposición con la
voluntad y el designio salvífico de Dios, porque niega a un amplio
sector de la sociedad los beneficios del fruto de la tierra.
"Las perversas desigualdades de la distribución de los bienes comunes
y de las posibilidades de desarrollo de toda persona y los desequilibrios
deshumanizados de las relaciones personales y colectivos, causados
por este tipo de concentración provocan conflictos que dañan las bases
de la convivencia civil y provocan la destrucción del tejido social"
(Para una mejor distribución de la tierra, Pontificio Consejo "Justicia y Paz",  No. 27).

En el Paraguay, incluso, se dan situaciones concretas del origen
ilegítimo de la tenencia de la tierra, legitimadas por la corrupción,
que requieren justicia y esclarecimiento para recuperar las tierras malhabidas.


Además, "al Estado le toca impedir que se abuse de la propiedad
privada en contra del bien común... cuando la índole social es
descuidada, la propiedad fácilmente se convierte en múltiple tentación
de ambiciones y graves desórdenes, hasta dar pretexto a la
impugnación de los derechos puestos en peligro" (CONC. VAT. II,
Gaudium et Spes, No. 71).

ACCIONES OPORTUNAS
La Iglesia condena todo tipo de violencia. La concentración e injusta
distribución de la tierra deben ser corregidas con urgencia por parte
del Estado a través de los mecanismos institucionales, porque
mantenerlas es una forma de violencia estructural contra amplios
sectores de la población rural que no tienen un pedazo de tierra donde asentarse y arraigarse.

Por otro lado, los métodos violentos de ocupación de propiedades
privadas legítimas pueden generar más violencia e, incluso, pueden
significar la pérdida de vidas humanas.

Es urgente que los poderes públicos diseñen e implementen un Plan
serio para dar respuesta a los graves problemas y conflictos sociales
relacionados con la tenencia y el uso de la tierra en el Paraguay.

La doctrina social de la Iglesia ve en la reforma agraria un instrumento
adecuado para difundir la propiedad privada de la tierra. Para ello, se
debe actuar en tres niveles complementarios: a) a nivel jurídico, para
que haya leyes justas que mantengan y tutelen la efectiva difusión de
la propiedad privada; b) a nivel de políticas económicas, para facilitar
el acceso a la propiedad privada de los siguientes bienes de consumo
duradero: vivienda; pequeña propiedad agraria; utillaje necesario para
la empresa agrícola familiar y, c) a nivel de políticas fiscales y
tributarias, para asegurar la continuidad de la propiedad de los bienes
en el ámbito de la familia (Cfr. Para una mejor distribución de la
tierra, Pontificio Consejo "Justicia y Paz", No. 37).

Es necesario modificar las relaciones sociales injustas hacia horizontes
de mayor equidad y solidaridad, con una política que contemple el
bien común. Así se podrá pensar en una sociedad con la esperanza en un futuro en paz.

Asunción, 30 de agosto de 2004

+ Ricardo Valenzuela
Secretario General de la CEP

20/11/2010

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